En estas horas habló el portavoz de Jueces por la Democracia, manifestando su preocupación por la actuación mediática de la fiscalía en el caso de la detención de los 9 ciudadanos independentistas pertenecientes a un CDR (Comité de Defensa de la República – Catalana-). El caso es que resulta muy evidente que la preocupación primera es mostrar a la prensa y a la sociedad española, la presunta relación de los CDR con el terrorismo.
Pero no podemos pasar por alto el análisis del comunicado de prensa de la Guardia Civil, que dice: que podrían estar preparados, presuntas actividades delictivas, se secuestaron precursores susceptibles para armar artefactos. Todo en condicional, pero los medios periodísticos no lo ponen en condicional. Y a estas alturas ya de los 9 detenidos hay 2 liberados con cargos.
Siempre es muy difícil afirmar que no haya un “trasnochado” maquinando alguna acción violenta como respuesta a la imposibilidad de diálogo o a la imposición de una sentencia viciada contra los líderes independentistas.
Pero lo que es innegable es que después de 8 años de grandes manifestaciones, de consultas populares, de las votaciones del 9-N y, luego, del referéndum del 1-O, nunca se promovió la violencia. Es más, con toda claridad puede afirmarse que el exilio de los políticos catalanes fue una opción por la paz, pues no quisieron propiciar que la gente saliera a las calles a defender el «27 O», es decir, la proclamación de la independencia. De ese modo se evitó la violencia.
El caso de los 9 detenidos nos hace recordar el caso de Adrià y Tamara Carrasco, que fueron acusados de terrorismo y rebelión. Ordenada también por la Audiencia Nacional, agentes de la Guardia Civil detuvieron a Tamara Carrasco en abril del año pasado, mientas que Adrià Carrasco se exilió en Bélgica. Los dos eran activistas de los CDR y los delitos que les atribuyeron inicialmente, en plena ola de criminalización de los CDR, desaparecieron al cabo de unos meses. La operación de este lunes parece calcada de aquélla.
La lógica utilizada por el poder central se despliega en dos direcciones. La primera es instaurar en los medios y la opinión pública que el independentismo es violento, y se compara la reivindicación independentista, con la ETA. La segunda es la electoral: pongamos enfrente al malo, armemos la división, para que el resto de España acompañe al único adalid que la puede efender del enemigo. Eso no es la verdad sino la construcción de una relato.
Claramente, el poder central ha entendido que el proceso independentista no está únicamente en la mano de los políticos catalanes, sino también de la ciudadanía. Por eso, los primeros en ir a prisión fueron dos activistas sociales: Jordi Sànchez presidente de la ANC y Jordi Cuixart, presidente de Omnium cultural. Luego, se intentó judicializar a muchas personas que habían ido a votar el 1-O, a Valtonic (un cantante) a los aludidos Adrià y Tamara Carrasco y ahora a estas nueve personas.
Lo que se está buscando es generar miedo para que la gente no participe y no se exprese. Y se justificaría, de ese modo, el nuevo desembarco de la Guardia Civil en Catalunya para que pueda frenar o debilitar, mediante la amenaza represiva, la protesta pacífica ante a la sentencia contra los políticos independentistas enjuiciados.
Por ello, hay que mirar las cosas con más calma. Debemos darnos cuenta de que el problema catalán excede el planteo de Independencia de una región o país histórico. Esto ya responde al problema derechos civiles y participación ciudadana.
Al Estado español no le interesa sentarse a dialogar porque no tiene nada que ofrecer. Opta, entonces, por la carta violenta: envía guardias civiles para que actúen contra ciudadanos que votan, o utiliza al poder judicial para perseguir, o manipula los medios de comunicación con información en condicional.
El Estado central no puede tener como estrategia política de obtención de votos la confrontación con un sector de su propio estado. El conflicto catalán hunde sus raíces en la historia, y en la actualidad ha escalado peligrosamente. Es imperioso buscar soluciones, es decir, vías para encauzar el problema.
Los políticos de Madrid, todavía no se dieron cuenta de que la sociedad cambió, que la gente no se quedará en sus casas, que no se puede decir: “váyanse a dormir”. La democracia necesita de más participación, de más claridad en los objetivos y de resolverlo los conflictos en paz.
Josep Puig Bóo
Presidente Mutual Catalana – miembro de la FIEC